El
bochornoso, barriobajero, indecente, demagógico e indigno rifirrafe
parlamentario entre Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, y
Soraya Rodríguez, portavoz parlamentaria socialista en el Congreso de los
Diputados, sólo aporta como positivo el convencimiento de que una de las dos
Sorayas está de más en la política española. Sobra, por tanto, una Soraya.
¿Cuál de ellas? Ese es el dilema. O es la Soraya socialista por acusar sin
fundamento a la Soraya popular, o es ésta, por no exigirle que acredite
fehacientemente sus graves acusaciones o, en caso contrario, anunciar que se
las demandará en los tribunales. Semejante espectáculo no puede, ni debe,
zanjarse como si se tratara de una trifulca callejera. Ni los votantes
socialistas, ni los populares, ni el resto de ciudadanos, se merecen que este
bochornoso espectáculo se diluya entre el rumor, las verdades a medias, la
confusión entre sobres y sobresueldos, entre una legalidad indecente y la
ilegalidad o entre el cúmulo de privilegios que tienen nuestros políticos
frente al resto de los mortales. Los ciudadanos nos merecemos saber, al menos,
si alguna de las dos Sorayas actuó en su día ilegalmente o, en todo caso, cuál
de ellas lo hizo de forma torticera en el rifirrafe parlamentario, pues una de
las dos (o ambas), al margen de quién iniciara el esperpento, miente o actúa de
mala fe en sede parlamentaria y, por tanto, carece del crédito necesario para
seguir representando a la ciudadanía.
¿Cobró
Sáenz de Santamaría sobres o sobresueldos ilícitos? ¿Cobró Rodríguez dobles
sueldos ilegales por cesantía? ¿Se ocultaron a Hacienda dichas cantidades?
¿Eran cobros ilegales? ¿Se puede demostrar fehacientemente? En caso de
respuesta afirmativa a estas cuestiones procede acudir a los tribunales además
de sacarlas a relucir o no en el Parlamento. Y en caso de respuesta negativa
procede aclarar para qué se introducen en el debate parlamentario, máxime si
son conductas o prácticas habituales recíprocas, presumiblemente indeseables
pero no delictivas, salvo que se acompañen de una iniciativa parlamentaria para
erradicarlas. Ni una cosa ni la otra. Simplemente un cúmulo de reproches y
acusaciones recíprocas, ni desmentidas contundentemente, ni aclaradas, adobadas
con un confuso lenguaje pleno de insinuaciones maliciosas para que los
ciudadanos, no puedan discernir si se trata de un nuevo caso de corrupción
política, cuyo destino es los tribunales, o de un nuevo caso de privilegio
político legal, cuyo destino debiera ser su abolición. Una verdadera ceremonia
de la confusión.
“Si
quiere hablar de dobles sueldos, podemos recordar que usted cobró como portavoz
y la cesantía hasta que la eliminó un Gobierno del PP” responde la Soraya
popular a la acusación personal que le hace la Soraya socialista de haber
cobrado unos 600.000 euros, sin aclarar si se trata de pagos en negro, sobres,
sobresueldos o dobles sueldos, aunque insinuando una procedencia irregular. Se indigna
tanto la vicepresidenta que, tras el debate (por llamarle algo), en los
pasillos del Congreso afirma con rotundidad: “en mi puta vida he cobrado un
sobre”. La portavoz socialista contesta que “menos tacos y más transparencia”,
mientras su compañera Elena Valenciano, ante la petición de miembros del PP de
que Rodríguez se retracte y pida disculpas, subraya que ésta no habló de
“sobres”, sino de “sobresueldos” y que lo que ha de hacer el Gobierno es
“aplicar la transparencia”. Un diálogo de besugos.
Centrado el
esperpento, si, tal como está el patio, el cobro de dobles sueldos o sobresueldos
es una indecencia (al igual que los sueldos desorbitados), aunque sea legal,
añadir intencionadamente carácter delictivo a su perceptor, siendo tú mismo perceptor
de los mismos, es, además de incoherente, una majadería. O estamos en el ámbito
de la justicia o en el de la política. Si nos situamos en el primero, a los
tribunales y, con la pertinente documentación, exigir la dimisión del afectado
si es un cargo público. Si nos situamos en el segundo, a la coherencia personal
y a la claridad argumental. Pero, como ninguna de las dos Sorayas se sitúa en
el ámbito de la justicia y ambas optan por el de la política, es inadmisible su
mutua incoherencia y oscurantismo argumental en el esperpéntico espectáculo
protagonizado en sede parlamentaria. ¿Qué pretende la socialista sacando a
relucir los presuntos dobles sueldos de la popular y relacionarlos con la
corrupción? ¿Qué, la popular sacando los de la socialista si eran legales hasta
que el PP lo prohibió? ¿Qué, si no se trata de supuestos delictivos sino
indecentes en todo caso por parte de ambas?
Es
obvio que se trata de enfangar la campaña electoral recurriendo al peor de los
asuntos, tanto para PP como para PSOE, como es la corrupción política, que
tiene atenazados curiosamente a ambos partidos. Si ese va a ser el tema
fundamental de la campaña europea, apaga y vámonos. En todo caso, ni siquiera
era necesario elevar a categoría delictiva las conductas indecentes, aunque
legales, de unos u otros. Ambos tienen materia más que suficiente en casos de
corrupción reales. Ambas Sorayas debieran meditar ahora cuántos votos más
(salvo los de piñón fijo) van a perder por su estúpido e innecesario
comportamiento. Menos mal que, al menos, nos han aclarado que ambas se embolsaban
más de un sueldo, cuando la mayoría de los trabajadores sólo percibe uno o
ninguno. Por su manifiesta torpeza, siendo benevolente, en la medida que a cada
una le toque, al menos, una Soraya sobra, o, quizás, las dos. Decida cuál.
Fdo.
Jorge Cremades Sena
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