domingo, 25 de mayo de 2014

ENERGÚMENOS ANÓNIMOS

                        La avalancha de manifestaciones subidas de tono y con carácter delictivo en las distintas redes sociales genera en la inmensa mayoría de usuarios una preocupación progresiva al ser cada vez más conscientes, por mero sentido común, de que no todo vale, ni dentro ni fuera de las redes. En efecto las injurias, calumnias, amenazas, difamaciones, acosos, incitación a la violencia, usurpación de identidad, entre otra serie de delitos, han de ser siempre perseguibles al margen del medio en que se hagan o difundan. Más aún si cabe, cuando sus autores, se esconden o pretenden hacerlo tras el más cobarde anonimato, convirtiéndose en verdaderos energúmenos anónimos que, con aspiración de impunidad, generan, además del puntual y concreto delito cometido, un caldo de cultivo adecuado para comportamientos violentos, no sólo verbales sino, incluso, físicos. Y mucho más si, como es el caso, al utilizar las redes sociales se está dando publicidad al delito lo que se convierte en agravante.
            Es exactamente la impunidad la que desata una polémica social entre partidarios y detractores de nuevas medidas encaminadas a exigir las pertinentes responsabilidades a estos delincuentes. Una hipócrita polémica, como tantas otras, alimentada por intereses electorales de unos u otros partidos políticos con el manido derecho de libertad de expresión como arma arrojadiza identitaria, cuando todos, absolutamente todos, saben, o debieran saber, que no se trata de un derecho sin límites y, por tanto, requiere una regulación precisa, clara y concreta para que su uso no invada otros derechos individuales o colectivos. Si tal como está hoy regulado no es satisfactorio socialmente, regúlese; si no se trata de eso, sino de falta de medios, pónganse. Lo que no es aceptable es montar una gresca teórica sobre la libertad de expresión, mientras demasiada gente se ve impotente para afrontar a semejantes energúmenos, sin que las instituciones gubernamentales les protejan al dejarlos que sigan actuando a su libre albedrío. Aunque, claro, si agresiones verbales o físicas en directo, como las sufridas entre otros por Montoro, Chacón, Valenciano, Navarro y otros tantos, quedan prácticamente impunes, poco se puede esperar al respecto de las cometidas a través de las redes que requieren mayor complejidad, empezando porque a cualquier red social hay que aplicarle la legalidad del lugar en que radique la sede de su sociedad, al margen de donde opere dicha red.
            Pero, si, de un lado, las nuevas tecnologías permiten afrontar cada vez mejor este problema y, de otro, la propia UE, consciente de la gravedad progresiva del mismo, trabaja ya en un proyecto común que permita aplicar las normas europeas a toda empresa que preste servicios a los europeos, al margen de donde esté radicada, estableciendo incluso la obligatoriedad de notificar a las autoridades cualquier violación grave que pueda haberse producido, carece de sentido que aquí perdamos el tiempo en debates baladíes. Si de lo que se trata, o debiera tratarse, es de proteger los derechos fundamentales de los usuarios frente a los energúmenos, anónimos o no, es torticero introducir el mensaje de que cualquier modificación al respecto, legal o técnica, lo que pretende es coartar la libertad de expresión y maniatar a las redes sociales, cuando éstas, simplemente son el medio que utilizan los delincuentes. El objetivo debe ser la mejora de la protección de dichos derechos fundamentales, persiguiendo a quienes los transgredan, aunque algún que otro tipo de energúmenos, lo que entienda es que, por ejemplo, un acoso es delito, pero si es ciberacoso ya no lo es, o que una amenaza en directo o en un medio de comunicación es delito pero en las redes sociales no, cuando por puro sentido común un delito lo es al margen del medio o circunstancia en que se produzca y, por tanto, igualmente perseguible, que es de lo que se trata.
            Ni la Constitución, ni la UE, aceptaría medidas que fueran encaminadas a recortar el derecho básico de la libertad de expresión, menos en un país, como el nuestro, bastante garantista. No cabe pues alentar un debate al respecto. Al final, han de ser los jueces quienes, con la legalidad vigente, decidan el alcance del tipo penal a perseguir y, los legisladores quienes, si es necesario socialmente, modificarán dichos tipos. Sólo cabe, en todo caso, poner en manos de la Justicia los instrumentos suficientes y en la conciencia de las víctimas la necesidad de denunciar los hechos que, como no puede ser de otra forma, habrían de verse caso a caso, ya que sería aberrante pensar en una especie de juicios sumarísimos. Pero ello se consigue a base de garantizar a los denunciantes que su denuncia, salvo en delitos que sean perseguibles de oficio y no de parte, no caerá en ningún caso en saco roto. Lo que es intolerable es que, tratándose más bien de un problema de medios e instrumentos para impartir una justicia eficaz y justa, valga la redundancia, simplemente aplicando la legalidad vigente, bastante similar a los países de nuestro entorno, se prostituya este verdadero debate, presentándolo a la ciudadanía como un problema sobre la libertad de expresión. Este es el verdadero problema, la demagogia.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

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