miércoles, 13 de agosto de 2014

ALAYA, EL PSOE Y LOS ERE

                        Tras casi cuatro años de instrucción del “caso de los ERE fraudulentos” la jueza Alaya envía a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la exposición razonada “relativa a varias personas aforadas” en la actualidad sobre las que, junto a decenas y decenas de imputados no aforados hoy, ve claros indicios de delito. Lo que comenzó como noticia mediática y fue calificado por los dirigentes socialistas de entonces como “cosa de cuatro pillos” se ha convertido en una verdadera bomba de relojería para la Junta de Andalucía y, especialmente, para el nuevo PSOE, inmerso en un esperado proceso de regeneración política, cuya credibilidad depende, entre otras cosas, de cómo gestionen sus dirigentes actuales a nivel interno y público este macrofraude institucionalizado de gigantescas proporciones e imprevisibles consecuencias políticas y jurídicas. Con un elenco variopinto de presuntos delincuentes, entre ellos más de veinte altos cargos de la Junta (incluidos Chávez y Griñán, sus dos anteriores presidentes, así como varios exconsejeros, viceconsejeros, exinterventores, secretarios generales técnicos, directores generales, delegados provinciales…) y otros personajes de distintas condiciones sociales (sindicalistas, empresarios, letrados de despachos de abogados, testaferros, mediadores, conseguidores e intrusos para beneficiarse fraudulentamente de las ayudas), y con un variado abanico de presuntos delitos (prevaricación, cohecho, asociación ilícita, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, delitos contra la hacienda pública, falsedad documental…) no basta con mirar a otro lado, ni con el silencio, ni con declaraciones genéricas sobre honorabilidades, presunciones de inocencia y otras cosas por el estilo que a nivel jurídico tienen plena validez pero a nivel político ninguna credibilidad.
            Por tanto, no vale que la reacción se limite a una declaración del Secretario de Política Federal del PSOE, Antonio Pradas, definiendo la actuación de Alaya como “un paso lógico que llega tres años y medio después” y puntualizando que es “lo que todo el mundo venía reclamando” y, sobre todo, Chaves y Griñán por haber “sido señalados injustamente sin poderse defender”, ya que “nos consta que ellos han reclamado poder declarar en el TS y esperamos que ahora se les permita”, para concluir defendiendo la “honorabilidad” de ambos ex presidentes y recordando que la presunción de inocencia se ha de mantener. No cabe escudarse en eternas instrucciones, habituales en nuestros tribunales, ni en que unos u otros reclamen su pronta finalización, incluidos Griñán y Chavez que, como aforados, saben que no podían declarar antes de que la jueza, finalizada su instrucción, diese paso a este trámite y, por tanto, no es que nadie se lo impida. Menos aún en que no han podido defenderse con anterioridad, hubiese bastado con renunciar al privilegio del aforamiento, dimitiendo de sus cargos, para haberse defendido como los demás en la instancia ordinaria. Por tanto, mal asunto si, ante un problemón tan descomunal, al margen de la culpabilidad o no que corresponda a cada uno, desde la cúpula del PSOE sólo se quedan en excusas de mal pagador (como lamentablemente hacen los demás) o en previas sentencias de señalamientos injustos, que en todo caso está por ver, de determinados imputados, por grande que pueda ser el concepto de “honorabilidad” que sobre los mismos tengan algunos. Ya la mismísima Susana Díaz, tras ser nombrada Consejera de Presidencia e Igualdad tachó a la Guardia Civil hace más de dos años de actuar en el asunto de los ERE como la Inquisición. Hoy, nombrada por Griñán su sucesora, es la Presidenta y las cosas han cambiado mucho en este tiempo, en el que ya no cuelan las tácticas de la vieja escuela.
            Al margen de la presunción de inocencia, que se da por hecho, el escándalo global sobre las prácticas fraudulentas (o irresponsables, como mínimo) por parte de la Junta en la gestión de los ERE fraudulentos, además de otros asuntos en investigación (facturas falsas, formación), que incluso pueden ser aún peores (ya dijo Guerrero, el ex alto cargo imputado en los ERE, que “los ERE eran 54 millones al año, para formación había 290”), merece una respuesta política contundente ante la opinión pública, una petición de perdón por todo lo acaecido, que, al margen de culpabilidades, ya nadie pone en duda, y una autocrítica, acompañada de la firme promesa de que semejante forma de proceder y gestionar los bienes públicos ya no caben en el nuevo PSOE de Pedro Sánchez. Está en juego, nada menos, que la credibilidad en la “honradez intransigente”, necesaria y urgente, que Sánchez prometiera en la clausura del congreso socialista, así como la demostración de “su liderazgo”, puesto en duda, entre otros por el PP, frente a Susana Díaz que, a todas luces, le hizo ganar el Congreso. Desactivar la bomba de relojería o no, está en manos de la nueva dirección socialista. La cuenta atrás está activada. Y no son pocos quienes, en su momento desearán que explote. Ya IU, socio de Susana Díaz, ha amenazado con exigir una comisión de investigación en el Parlamento andaluz. Susana no dice nada. Las declaraciones de Pradas, insuficientes. Pedro Sánchez tiene la última palabra.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

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