sábado, 17 de enero de 2015

LIBERTAD Y SEGURIDAD

                        Los sangrientos sucesos en París han desatado, como era previsible, un falso debate político, el de siempre, entre “libertad o seguridad”, cuando el verdadero debate, el necesario y urgente, debiera ser el de “libertad y seguridad”. Sólo intereses espurios justifican la disyuntiva en el binomio libertad-seguridad, formado por dos conceptos esenciales en términos democráticos, pues es imposible, por razones obvias, que, sin seguridad, haya libertad, ya que, no en abstracto sino en concreto, no se podrían ejercer las libertades reconocidas, tanto las individuales como las colectivas, cuyo ejercicio quedaría al arbitrio caprichoso de los más fuertes, de los más poderosos. Es obvio que puede haber seguridad sin libertad, como sucede en algunos estados dictatoriales, pero jamás libertad sin seguridad, como sucede en todos los estados democráticos consolidados. Una seguridad, democráticamente establecida dentro de un marco legal adecuado, precisamente como garantía de las libertades ciudadanas que en él se recogen. Por tanto quienes se empeñan en cambiar la copulativa por la disyuntiva en el binomio libertad-seguridad se colocan en el terreno de la demagogia sin interés alguno por defender la libertad, lo que sólo puede explicarse desde la ignorancia o desde el miope objetivo de obtener una rentabilidad política partidaria mediante sofismas que caerían por su propio peso ante la más mínima reflexión razonada al respecto. Por tanto, el debate sólo tiene sentido estrictamente cómo búsqueda de un equilibrio satisfactorio entre los términos libertad y seguridad, complementarios y no antagónicos, que, obviamente, al no ser objetivo, pues cada uno puede entender dicho equilibrio de forma distinta, habrá que buscar el punto de objetividad imprescindible en la mayoritaria sensación que tenga la ciudadanía sobre si los actuales medios y mecanismos (legales, humanos, materiales, instrumentales, institucionales…) del Estado son los adecuados o no para garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades con total normalidad. Lo contrario supondría someter a la mayoría de la población a una inseguridad indeseable, lo que, en términos democráticos carece de sentido y de justificación.
            Si concluimos pues que libertad y seguridad son inseparables en democracia, no tiene sentido un viciado debate a favor de la libertad cuando los hechos ponen de manifiesto, como es el caso, un desequilibrio en contra de la seguridad, generando una indeseable inseguridad para la ciudadanía, tal como, no sólo en España sino en otros países democráticos manifiestan las encuestas. Incurren por tanto en una estúpida contradicción quienes, como ciudadanos de un sistema democrático consolidado y basado en el imperio de la ley, cuando su gobierno democrático de turno elegido por ellos (sea del signo político que sea) decide ante amenazas evidentes a la libertad y para defenderla mejor, proponer y adoptar medidas que refuercen la seguridad, recurren al argumento de que lo que realmente quiere dicho gobierno es recortar las libertades de los ciudadanos con el pretexto de protegerlos. Quienes afrontan asunto tan delicado y complejo con semejante prejuicio a un sistema democrático constituido legítimamente y que funciona bajo el imperio de la ley, evidencian su escasa convicción democrática al sembrar sombras de dudas infundadas sobre la intencionalidad perversa del gobierno que ha elegido el pueblo y que, en todo caso, de ser cierta la grave acusación, sería éste quien decidiría revalidarlo o sustituirlo por otro. Semejante comportamiento, por el mero hecho de que el signo político del gobierno no sea de tu agrado, en vez de colaborar con él en la búsqueda de una mayor seguridad para garantizar la libertad amenazada, es simplemente mezquino, ruin e indecente.
            Dice el Ministro de Interior que “Hasta ahora teníamos un determinado equilibrio entre libertad y seguridad. Ahora hay un incremento de la amenaza por el terrorismo yihadista y hay que conseguir un nuevo equilibrio. Ese es el debate”. ¿Algo que objetar? Supongo que no. No se trata, ni en España ni en el resto de Europa, de sacrificar las libertades de los ciudadanos por mero capricho de las malévolas intenciones de los respectivos gobiernos democráticos; ni se trata, como dicen algunos, de quedar al arbitrario parecer de los respectivos ministros de Interior (en todo caso elegidos por los ciudadanos para garantizar nuestra seguridad en el disfrute de nuestras libertades); se trata de establecer nuevos mecanismos excepcionales, que no de excepción, que restablezcan el necesario equilibrio entre libertad y seguridad, para afrontar con eficacia las excepcionales amenazas surgidas, antes de que éstas se impongan definitivamente (como ha sucedido en otros momentos históricos y sucede ahora en algunos países) mientras gastamos todas nuestras energías en un estéril debate teórico sobre quienes son más forofos de la libertad o de la seguridad, cuando, como demócratas, debiéramos ser equidistantes.
            Cierto que en la búsqueda del citado equilibrio, hay que hilar bien fino, pero siempre teniendo presente que en las sociedades democráticas el enemigo no es el Ministro de Interior, como algunos pretenden, sino todo lo contrario. Es ministro de todos los ciudadanos, pertenezcan o no a su ideología, y, como todo el mundo, está sometido al Imperio de la ley, que, obviamente, ha de estar al servicio de la ciudadanía y, cuando queda obsoleta o es inadecuada, hay que cambiarla. Es así de sencillo, pero teniendo en cuenta que ni la libertad, ni la seguridad, son ilimitadas.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

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