Más
de trescientos ceses que, según la Organización Profesional de Inspectores de
Hacienda, se han dado en apenas veinte meses de legislatura no es asunto
baladí. Ni lo es la destitución por parte de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria (AEAT), vulgarmente conocida como Agencia Tributaria, de cinco
funcionarios de alto rango o la dimisión del director del Departamento de
Inspección Financiera y Tributaria, Luis Jones, por las discrepancias con el
nuevo Director General de la AEAT, Santiago Menéndez, nombrado antes del verano.
Algo huele mal y requiere explicaciones convincentes por parte del señor
Montoro, para evitar la lógica cascada de especulaciones al respecto, que
favorece la sospecha y la desconfianza en una inspección fiscal que no debiera
dejar duda alguna sobre su profesionalidad, imparcialidad y objetividad.
Cierto
que, como se dice desde la AEAT, dichos cambios y los que puedan acaecer en
próximos días, pueden enmarcarse en el lógico proceso de renovación de equipos
que acompañan normalmente al nuevo director general. Pero no es menos cierto
que el asunto comienza cuando cesa una inspectora de la Delegación de Grandes
Contribuyentes tras rechazar un recurso de reposición de la multinacional CEMEX
contra una sanción multimillonaria, provocando además la dimisión de su
superior jerárquico, circunstancia que pone en tela de juicio lo que debiera
ser normal en un normal relevo de un director general, quien, obviamente, para
exigirle la asunción plena de responsabilidades requiere tener la libertad
suficiente para rodearse de los cargos de confianza pertinentes. O, como dice
el ministro, Santiago Menéndez tiene todo el derecho a “montar su equipo”. Si,
por otra parte, los inspectores de Hacienda exigen que al director general de
la AEAT lo nombre el Parlamento y no directamente el Gobierno para preservar su
independencia, si la petición la hacen tras la dimisión de Jones, si Montoro
manifiesta que la cúpula de la Unidad de Grandes Contribuyentes estaba llena de
socialistas y si Rubalcaba acusa a Montoro de “caza de brujas” es urgente que
el lógico debate público desencadenado no quede en agua de borrajas y, como en
otros asuntos, satisfaga en exclusiva el interés por una nueva refriega
política estéril.
Los
ciudadanos tenemos derecho a saber si hay injerencias políticas en la Agencia
y, en caso afirmativo, en qué dirección se dan y a quiénes benefician o
perjudican; si es algo novedoso o normal en el pasado; por qué si el Gobierno
elegía al Director General hasta la fecha, ahora es mejor que lo elija el
Parlamento para que tenga independencia ¿antes no eran independientes?; si ha
sido concretamente Menéndez quién ha provocado con su particular conducta la
petición del cambio de modelo de nombramiento; si los ceses y destituciones
citados han sido arbitrarios u obedecen a criterios profesionales o razones tradicionalmente
aceptadas; si la “caza de brujas” es una acusación genérica o hay datos
concretos que la avalen. . . y así sucesivamente de una serie de aspectos que
están en la mente y en la boca de todos. Porque, en definitiva, lo que la gente
se pregunta es cómo es posible que ninguno de los gobiernos democráticos haya
sido capaz de reducir el nivel de fraude fiscal en España. Y lo que la gente
espera es que, en vez de estar tirándose los trastos a la cabeza, los distintos
partidos, los sindicatos, la patronal, el gobierno y la oposición (todos ellos
sufragados con nuestros impuestos) acaben con la economía sumergida, con el
fraude y con la corrupción. Mientras el país se hunde en la miseria y el pueblo
derrocha sangre, sudor y lágrimas para llegar a fin de mes, es un despropósito
que se sirva en bandeja un debate genérico (otro más) con acusaciones veladas y
respuestas insustanciales para que las cosas sigan empeorando.
Lo
que unos y otros deben explicar y, sobre todo, qué piensan hacer para
mejorarlo, es por qué el 25% del PIB (unos 250.000 millones anuales) conforma
la economía sumergida (datos del sindicato de técnicos de Hacienda),
situándonos casi a la cabeza de la UE, con más del 80% del fraude fiscal y
laboral total oculto y sin castigo; por qué ha crecido en los últimos años casi
dos puntos; por qué, aunque en el último año y medio se han aflorado unos
22.500 millones de fraude a Hacienda y la SS, sólo supone el 19´3% del total
anual, con una tasa de impunidad del 80´7%, siendo lo que el propio gobierno
califica como el mejor año de la Agencia Tributaria contra el fraude fiscal.
¡Cómo sería el peor! En definitiva, por qué es imposible acabar con tantísimo
sinvergüenza.
Pero
si son incapaces de explicar las razones de los ceses y las destituciones o las
de la “caza de brujas” me temo que, con mucho más motivo, serán incapaces de
ponerse de acuerdo para, al menos, intentarlo. Hombre, lo de la independencia
del Director General de la AEAT lo tienen claro, el mejor ejemplo es el que
acaban de cerrar con el CGPJ. Perdón, se me olvidaba que aquí sólo se trata de
un cargo unipersonal y es imposible repartirse la tarta. ¿Por qué no una
dirección colegiada de la AEAT? En fin, no quiero seguir dando pistas.
Fdo.
Jorge Cremades Sena
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