domingo, 8 de diciembre de 2013

AGENCIA TRIBUTARIA, OTRO DESPROPÓSITO

                        Más de trescientos ceses que, según la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda, se han dado en apenas veinte meses de legislatura no es asunto baladí. Ni lo es la destitución por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), vulgarmente conocida como Agencia Tributaria, de cinco funcionarios de alto rango o la dimisión del director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, Luis Jones, por las discrepancias con el nuevo Director General de la AEAT, Santiago Menéndez, nombrado antes del verano. Algo huele mal y requiere explicaciones convincentes por parte del señor Montoro, para evitar la lógica cascada de especulaciones al respecto, que favorece la sospecha y la desconfianza en una inspección fiscal que no debiera dejar duda alguna sobre su profesionalidad, imparcialidad y objetividad.
            Cierto que, como se dice desde la AEAT, dichos cambios y los que puedan acaecer en próximos días, pueden enmarcarse en el lógico proceso de renovación de equipos que acompañan normalmente al nuevo director general. Pero no es menos cierto que el asunto comienza cuando cesa una inspectora de la Delegación de Grandes Contribuyentes tras rechazar un recurso de reposición de la multinacional CEMEX contra una sanción multimillonaria, provocando además la dimisión de su superior jerárquico, circunstancia que pone en tela de juicio lo que debiera ser normal en un normal relevo de un director general, quien, obviamente, para exigirle la asunción plena de responsabilidades requiere tener la libertad suficiente para rodearse de los cargos de confianza pertinentes. O, como dice el ministro, Santiago Menéndez tiene todo el derecho a “montar su equipo”. Si, por otra parte, los inspectores de Hacienda exigen que al director general de la AEAT lo nombre el Parlamento y no directamente el Gobierno para preservar su independencia, si la petición la hacen tras la dimisión de Jones, si Montoro manifiesta que la cúpula de la Unidad de Grandes Contribuyentes estaba llena de socialistas y si Rubalcaba acusa a Montoro de “caza de brujas” es urgente que el lógico debate público desencadenado no quede en agua de borrajas y, como en otros asuntos, satisfaga en exclusiva el interés por una nueva refriega política estéril.
            Los ciudadanos tenemos derecho a saber si hay injerencias políticas en la Agencia y, en caso afirmativo, en qué dirección se dan y a quiénes benefician o perjudican; si es algo novedoso o normal en el pasado; por qué si el Gobierno elegía al Director General hasta la fecha, ahora es mejor que lo elija el Parlamento para que tenga independencia ¿antes no eran independientes?; si ha sido concretamente Menéndez quién ha provocado con su particular conducta la petición del cambio de modelo de nombramiento; si los ceses y destituciones citados han sido arbitrarios u obedecen a criterios profesionales o razones tradicionalmente aceptadas; si la “caza de brujas” es una acusación genérica o hay datos concretos que la avalen. . . y así sucesivamente de una serie de aspectos que están en la mente y en la boca de todos. Porque, en definitiva, lo que la gente se pregunta es cómo es posible que ninguno de los gobiernos democráticos haya sido capaz de reducir el nivel de fraude fiscal en España. Y lo que la gente espera es que, en vez de estar tirándose los trastos a la cabeza, los distintos partidos, los sindicatos, la patronal, el gobierno y la oposición (todos ellos sufragados con nuestros impuestos) acaben con la economía sumergida, con el fraude y con la corrupción. Mientras el país se hunde en la miseria y el pueblo derrocha sangre, sudor y lágrimas para llegar a fin de mes, es un despropósito que se sirva en bandeja un debate genérico (otro más) con acusaciones veladas y respuestas insustanciales para que las cosas sigan empeorando.
            Lo que unos y otros deben explicar y, sobre todo, qué piensan hacer para mejorarlo, es por qué el 25% del PIB (unos 250.000 millones anuales) conforma la economía sumergida (datos del sindicato de técnicos de Hacienda), situándonos casi a la cabeza de la UE, con más del 80% del fraude fiscal y laboral total oculto y sin castigo; por qué ha crecido en los últimos años casi dos puntos; por qué, aunque en el último año y medio se han aflorado unos 22.500 millones de fraude a Hacienda y la SS, sólo supone el 19´3% del total anual, con una tasa de impunidad del 80´7%, siendo lo que el propio gobierno califica como el mejor año de la Agencia Tributaria contra el fraude fiscal. ¡Cómo sería el peor! En definitiva, por qué es imposible acabar con tantísimo sinvergüenza.
            Pero si son incapaces de explicar las razones de los ceses y las destituciones o las de la “caza de brujas” me temo que, con mucho más motivo, serán incapaces de ponerse de acuerdo para, al menos, intentarlo. Hombre, lo de la independencia del Director General de la AEAT lo tienen claro, el mejor ejemplo es el que acaban de cerrar con el CGPJ. Perdón, se me olvidaba que aquí sólo se trata de un cargo unipersonal y es imposible repartirse la tarta. ¿Por qué no una dirección colegiada de la AEAT? En fin, no quiero seguir dando pistas.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

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