CATALUÑA HACIA EL ABISMO

                        Es la noticia por excelencia. Todos los diarios españoles importantes la llevan en portada y algunos de ellos prácticamente en exclusiva. No es para menos. Este enésimo paso dado por Artur Mas en su delirante camino hacia ninguna parte es de tal gravedad, no tanto en el fondo, sino en las formas, que deja poco margen a cualquier solución razonada y razonable. Una doble pregunta, para que quepan todas las sensibilidades secesionistas. “¿Quiere que Cataluña sea un Estado?”, y, si responde afirmativo, “¿Quiere que éste sea independiente?”; incluso cabría hasta una tercera pregunta para cerrar el círculo, por ejemplo, ¿Qué más quiere usted? Una verdadera locura, insólita en el mundo civilizado y democrático, que, por encima de leyes y constituciones, por encima de derechos y deberes, pretende abrirse camino, pase lo que pase y caiga quien caiga, al margen de las nefastas consecuencias que provoque en primer lugar en Cataluña, en España después y finalmente en toda la Unión Europea. Es la materialización del mayor desafío totalitario que un gobernante regional hace a su propio Estado democrático, obligando a éste a defender con uñas y dientes la soberanía que su propio pueblo se ha otorgado o a claudicar ante la sinrazón violenta de quienes desde sus mismas entrañas utilizan el poder que se les ha otorgado contra quienes tienen legitimidad para hacerlo, el pueblo español.

            Ante semejante amenaza sólo cabe la respuesta democrática y rotunda del gobierno que el pueblo amenazado eligió democráticamente. “La consulta no se va a celebrar; es inconstitucional” ha dicho Rajoy. Y ha dicho bien. “Les garantizo que esta consulta no se celebrará porque choca con el fundamento de la Carta Magna, la indisoluble unidad de la nación española”, ha rematado el presidente del gobierno contundentemente. Como no podía ser de otra forma, salvo que, una vez más en nuestra historia, nos dispongamos a dinamitar los cimientos del Estado Español, tanto los dirigentes del PSOE, primer partido de la oposición, como los del PP, pasando por los de UPyD, Ciutadans y otras formaciones minoritarias, han cerrado filas con el presidente Rajoy en la defensa contundente de la democracia. Un gesto esperado de responsabilidad frente a quienes, titubeantes aún, o claramente alineados con la amenaza antidemocrática, están dispuestos a llegar hasta el borde de un abismo con consecuencias impredecibles en caso de no frenar a tiempo. Ellos sabrán lo que hacen y la Historia se encargará de colocarlos en el lugar que merecen.

           Desgraciadamente, cuando más firmeza se requiere por parte de todos los demócratas para defender la libertad, en las tertulias mediáticas se percibe aún en algunos personajes un tufo putrefacto a la hora de justificar lo injustificable. Cuando las amenazas dejan de ser retóricas para convertirse en reales, no caben justificaciones ni medias tintas. Otro gallo cantaría si en su debido momento se hubiese actuado enérgicamente frente a hechos puntuales o desacatos intolerables de menor entidad. Hoy no estaríamos donde estamos, aunque ya no es momento de lamentarnos de un pasado errático, sino que es momento de enderezarlo. He repetido mil veces que la rotunda aplicación de la ley es la mejor de las garantías para la supervivencia de una sociedad democrática. Por ello no entiendo los cantos de sirena de algunos instando a una negociación innegociable o alertando de las consecuencias de aplicar la legalidad constitucional, al extremo de, si fuera necesario, intervenir incluso la comunidad autónoma, si es lo que al final pretende el Gobierno de la Generalitat y sus valedores. Algún precio habrá que pagar ante la amenaza insensata de la sinrazón y, democráticamente hablando, siempre será más barato reforzar el sistema democrático que rendirlo ante los insensatos, aunque de su sometimiento legal hagan después un ejercicio más de victimismo con un claro objetivo electoral. ¿Acaso no es el victimismo embustero la esencia de su razón política? La única alerta ineludible es la amenaza descarada al Estado de Derecho.

          Tal como está planteado el problema la única solución posible desde el lado democrático es contraponer como última barrera el escrupuloso respeto a la Carta Magna con todas sus consecuencias, dejando bien claro que los daños colaterales que pudieran producirse (incluida la intervención de la Generalitat por parte del Estado Español del que forma parte) son responsabilidad exclusiva de quienes, irresponsablemente, pretenden imponer su voluntad a la inmensa mayoría de los españoles, incluidos los catalanes, y en modo alguno de quienes tienen el derecho y el deber de actuar ante semejante desafío antidemocrático de corte totalitario. Quién no tenga esto bien claro ni esté dispuesto a dar la cara en su defensa es tan peligroso como quien, teniendo clarito lo contrario, está dispuesto a hacer cualquier cosa para imponer su pensamiento único.

            Mas y sus colegas tienen todo el derecho a declararse independentista y a reivindicarlo públicamente, siempre que de forma inequívoca acate y se someta a la decisión mayoritaria de los españoles, incluidos los catalanes, y a las reglas establecidas por ellos. Pero ello no le otorga el derecho de insultar a los españoles no catalanes, tachándolos de ladrones e imperialistas por ejemplo, ni a dividir a los españoles catalanes en ciudadanos buenos o malos, según coincidan o no con sus objetivos. Menos derecho aún a utilizar su cargo institucional y los recursos públicos pertinentes para arremeter contra el Estado al que él mismo representa, pues, superando con creces el concepto de deslealtad, es lo más parecido al concepto de traición.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena