jueves, 19 de diciembre de 2013

CASTRO Y SILVA, ¿VÍCTIMAS O VERDUGOS?

                        Mientras que la Justicia en España está en el punto de mira, por tantas y tantas razones que ahora no vienen a cuento, dos jueces, José Castro y Elpidio José Silva, están en el ojo del huracán mediático. Según se mire, a ambos se les considera víctimas o verdugos, pero no jueces imparciales, en los casos que investigan sobre presuntos delitos de corrupción protagonizados por sendas personas relevantes socialmente, la Infanta Cristina en el caso de Castro y Blesa, ex presidente de Caja Madrid, en el de Silva. Los respectivos fiscales, Pedro Horrach y Manuel Moix les han desautorizado públicamente de forma tan contundente que, excediendo lo que pudiera considerarse una normal discrepancia de interpretación jurídica, está provocando un bochornoso espectáculo intolerable. Salvo que, insólitamente, se considere a los citados jueces como indocumentados, lo que contradice su propia experiencia, sólo cabe, a tenor de lo expuesto por los fiscales, considerarlos como verdugos caprichosos de Cristina y de Blesa, respectivamente, o como víctimas propiciatorias por intentar hacer justicia en tan altas instancias.  
            El calvario de Castro se inicia por la imputación o no de la Infanta Cristina en el “caso Noos”, sobradamente conocido. El juez considera su imputación, el fiscal la rechaza porque no hay indicios. Pero, antes de que Castro dicte auto formal de imputación, Horrach le entrega un informe concluyendo que, además de la ausencia de indicios para la imputación, sus últimas diligencias de investigación son “contradictorias e innecesarias”, argumentando tal calificativo, y además concluye que se investigue al presidente del sindicato de técnicos de Hacienda por acusar a funcionarios adscritos al caso de manipular datos fiscales para favorecer a la Infanta, lo que considera “grave, gratuita y falsa”. Sin embargo el fiscal, de forma sorprendente, señala al juez que “es un principio básico del Derecho penal que no se puede imputar ni castigar a nadie por lo que es, sino por lo que ha hecho” y que, según los últimos informes de la Agencia y de la UDEF, se corrobora “la inexistencia de indicios incriminatorios de los que pudiera derivarse la imputación”, apuntando además que Castro se haya centrado últimamente en una intensa actividad investigadora centrada “exclusivamente” en la mercantil Aizoon y en los gastos personales imputados a la Infanta en la misma, y que “resulta cuando menos llamativo que dicha investigación no se haya extendido en los mismos términos e intensidad” a otras mercantiles participadas por la esposa de Torres, el ex socio de Urdangarín, así como otra serie de veladas acusaciones de parcialidad al juez Castro, que sería prolijo citar aquí.
            El calvario de Silva comienza cuando, por segunda vez, ordena ingreso en prisión (esta vez sin fianza) de Miguel Blesa y la Audiencia de Madrid le obliga a liberarle, mientras Fiscalía presenta una querella contra el juez por dos delitos contra la libertad individual, prevaricación y por un continuado “retardo malicioso” en el proceso. Graves acusaciones contra el juez, como incumplimiento de “deberes legales”, actuación “radicalmente contraria a derecho”, autos “incongruentes”, medidas acordadas a instancia del sindicato Manos Limpias, que no estaba personado en la causa, “injustificada e inmotivada reapertura de diligencias previas” a raíz de una denuncia “muy genérica e imprecisa” del citado sindicato sobre un multimillonario crédito a Díaz Ferrán y, entre otras, “torticero” modo de actuar en el asunto de la compra del  Banco de Florida. Consecuencia, Blesa en la calle y Silva ante el posible final de su carrera judicial. Y, mientras Silva se defiende, amenazando con tirar de la manta y dar a conocer todos los datos sobre las irregularidades cometidas “durante los últimos 15 años en determinadas cajas de ahorro” y las alianzas entre “corruptos” y “determinados elementos de la casta política”, aunque “el sistema no lo soportaría” y se generaría “una situación institucional insostenible”, una serie de correos de Blesa manifiestan que Aznar exigía contrapartidas, entre otra serie de detalles escabrosos que, según Silva, desvelan asuntos tan dispares como las luchas internas del PP, o son prueba suficiente de la gestión delictiva que hizo Blesa en la entidad bancaria que presidió a instancia de su amigo Aznar, concluyendo que “en cualquier país del mundo este señor estaría en prisión”.
            Ni sé si la Infanta ha de ser imputada o no; ni, si Blesa ha de estar o no en la cárcel. Los jueces y magistrados son quienes han de decidirlo en los tribunales. Lo demás son especulaciones. Pero sé que jueces y fiscales no pueden dar semejantes espectáculos si quieren ganar credibilidad. ¿Son tan incompetentes Castro y Silva como se desprende de lo manifestado por Horrach y Moix? Si no son incompetentes, ¿son tan perversos? ¿Qué tienen contra Cristina y Blesa? ¿Por qué? Y si no hay nada de esto tampoco y su actuación se ajusta a derecho ¿qué tienen los fiscales contra ellos? Alguien tendrá que pagar por tamaña irresponsabilidad, que, obviamente, alguien está cometiendo, pues para saber al final cuál debe ser el destino que jurídicamente se dé a la Infanta Cristina o a Miguel Blesa, es obligado esclarecer primero si Castro y Silva son o pretenden ser sus verdugos, pues, en caso negativo, ellos serían las verdaderas víctimas.
            Y ustedes ¿qué piensan al respecto?

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

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