Mientras
que la Justicia en España está en el punto de mira, por tantas y tantas razones
que ahora no vienen a cuento, dos jueces, José Castro y Elpidio José Silva,
están en el ojo del huracán mediático. Según se mire, a ambos se les considera
víctimas o verdugos, pero no jueces imparciales, en los casos que investigan
sobre presuntos delitos de corrupción protagonizados por sendas personas
relevantes socialmente, la Infanta Cristina en el caso de Castro y Blesa, ex
presidente de Caja Madrid, en el de Silva. Los respectivos fiscales, Pedro
Horrach y Manuel Moix les han desautorizado públicamente de forma tan
contundente que, excediendo lo que pudiera considerarse una normal discrepancia
de interpretación jurídica, está provocando un bochornoso espectáculo
intolerable. Salvo que, insólitamente, se considere a los citados jueces como
indocumentados, lo que contradice su propia experiencia, sólo cabe, a tenor de
lo expuesto por los fiscales, considerarlos como verdugos caprichosos de
Cristina y de Blesa, respectivamente, o como víctimas propiciatorias por
intentar hacer justicia en tan altas instancias.
El
calvario de Castro se inicia por la imputación o no de la Infanta Cristina en
el “caso Noos”, sobradamente conocido. El juez considera su imputación, el
fiscal la rechaza porque no hay indicios. Pero, antes de que Castro dicte auto
formal de imputación, Horrach le entrega un informe concluyendo que, además de
la ausencia de indicios para la imputación, sus últimas diligencias de
investigación son “contradictorias e innecesarias”, argumentando tal
calificativo, y además concluye que se investigue al presidente del sindicato
de técnicos de Hacienda por acusar a funcionarios adscritos al caso de
manipular datos fiscales para favorecer a la Infanta, lo que considera “grave,
gratuita y falsa”. Sin embargo el fiscal, de forma sorprendente, señala al juez
que “es un principio básico del Derecho penal que no se puede imputar ni
castigar a nadie por lo que es, sino por lo que ha hecho” y que, según los
últimos informes de la Agencia y de la UDEF, se corrobora “la inexistencia de
indicios incriminatorios de los que pudiera derivarse la imputación”, apuntando
además que Castro se haya centrado últimamente en una intensa actividad
investigadora centrada “exclusivamente” en la mercantil Aizoon y en los gastos
personales imputados a la Infanta en la misma, y que “resulta cuando menos
llamativo que dicha investigación no se haya extendido en los mismos términos e
intensidad” a otras mercantiles participadas por la esposa de Torres, el ex
socio de Urdangarín, así como otra serie de veladas acusaciones de parcialidad
al juez Castro, que sería prolijo citar aquí.
El
calvario de Silva comienza cuando, por segunda vez, ordena ingreso en prisión
(esta vez sin fianza) de Miguel Blesa y la Audiencia de Madrid le obliga a
liberarle, mientras Fiscalía presenta una querella contra el juez por dos
delitos contra la libertad individual, prevaricación y por un continuado
“retardo malicioso” en el proceso. Graves acusaciones contra el juez, como
incumplimiento de “deberes legales”, actuación “radicalmente contraria a
derecho”, autos “incongruentes”, medidas acordadas a instancia del sindicato
Manos Limpias, que no estaba personado en la causa, “injustificada e inmotivada
reapertura de diligencias previas” a raíz de una denuncia “muy genérica e
imprecisa” del citado sindicato sobre un multimillonario crédito a Díaz Ferrán
y, entre otras, “torticero” modo de actuar en el asunto de la compra del Banco de Florida. Consecuencia, Blesa en la
calle y Silva ante el posible final de su carrera judicial. Y, mientras Silva
se defiende, amenazando con tirar de la manta y dar a conocer todos los datos
sobre las irregularidades cometidas “durante los últimos 15 años en
determinadas cajas de ahorro” y las alianzas entre “corruptos” y “determinados
elementos de la casta política”, aunque “el sistema no lo soportaría” y se
generaría “una situación institucional insostenible”, una serie de correos de
Blesa manifiestan que Aznar exigía contrapartidas, entre otra serie de detalles
escabrosos que, según Silva, desvelan asuntos tan dispares como las luchas
internas del PP, o son prueba suficiente de la gestión delictiva que hizo Blesa
en la entidad bancaria que presidió a instancia de su amigo Aznar, concluyendo
que “en cualquier país del mundo este señor estaría en prisión”.
Ni
sé si la Infanta ha de ser imputada o no; ni, si Blesa ha de estar o no en la
cárcel. Los jueces y magistrados son quienes han de decidirlo en los tribunales.
Lo demás son especulaciones. Pero sé que jueces y fiscales no pueden dar
semejantes espectáculos si quieren ganar credibilidad. ¿Son tan incompetentes
Castro y Silva como se desprende de lo manifestado por Horrach y Moix? Si no
son incompetentes, ¿son tan perversos? ¿Qué tienen contra Cristina y Blesa?
¿Por qué? Y si no hay nada de esto tampoco y su actuación se ajusta a derecho
¿qué tienen los fiscales contra ellos? Alguien tendrá que pagar por tamaña
irresponsabilidad, que, obviamente, alguien está cometiendo, pues para saber al
final cuál debe ser el destino que jurídicamente se dé a la Infanta Cristina o
a Miguel Blesa, es obligado esclarecer primero si Castro y Silva son o
pretenden ser sus verdugos, pues, en caso negativo, ellos serían las verdaderas
víctimas.
Y
ustedes ¿qué piensan al respecto?
Fdo.
Jorge Cremades Sena
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