jueves, 7 de noviembre de 2013

CANAL NOU, DEBATE SOBRE LAS TELEVISIONES AUTONÓMICAS

                        El sorprendente cierre de RTVV por parte del Presidente Fabra ha generado en la Comunidad Valenciana un lógico debate político, no exento de las correspondientes contradicciones, que, a mi juicio, no debiera agotarse en sí mismo, ya que, aprovechando el inesperado evento, habría de generalizarse al resto de televisiones autonómicas que, con los matices que se quiera, atraviesan parecidas circunstancias a las que han motivado el cierre de Canal Nou. Si Fabra alega razones de inviabilidad económica para el cierre, al verse obligado a mantener el “statu quo” con la anulación del ERE por parte del TSJV, idéntica razón podrían esgrimir el resto de presidentes de CCAA (los 13 que cuentan con televisiones públicas autonómicas) para echar el cierre a las suyas; idénticos argumentos de crítica se esgrimirían por quienes en cada comunidad estuviera en la oposición e idénticas razones para el reajuste o cierre por parte de quien gobernase, pues, al margen de la mala gestión presente y pasada de los distintos gobiernos y sus diferentes colores políticos, la caótica situación de las teles autonómicas no es exclusiva de este o aquel lugar ni de este o aquel gobernante concreto sino que es generalizada, con los lógicos matices que se quiera en unos u otros casos. Baste con señalar que casi 900 millones de euros anuales salen de las arcas públicas para satisfacer a una audiencia que no llega al 9% de media, un derroche inadmisible, máxime si tenemos en cuenta que el papel de “servicio público”, que justificó su origen, hace mucho tiempo que se esfumó, convirtiéndose en instrumentos parciales de propaganda al “servicio privado” de los distintos gobernantes de turno en cada comunidad autónoma.
            Sin ser prolijo en datos concretos de cada tele autonómica y sin hacer un análisis pormenorizado y comparativo, que no es objeto de este espacio, baste citar que el déficit anual de las cadenas autonómicas es de unos 1.500 millones, que acumulan una deuda de casi 3.000 millones, que cuestan al Estado el triple que la corporación RTVE (que tampoco es paradigma de buena gestión), que cada año acumulan pérdidas insostenibles, que tienen plantillas sobredimensionadas (unos 11.000 trabajadores) frente a las racionalizadas plantillas del conjunto de las cadenas privadas, que algunos directivos o técnicos cualificados gozan de sueldos muy altos, que son nidos de clientelismo político (como otros tantos entes públicos) entorpeciendo la eficiencia de los grandes profesionales con que también cuentan… y, en definitiva, que son un pozo sin fondo insoportable, que sufragamos todos los ciudadanos con los escasos recursos que tenemos. Por tanto, se mire como se mire y al margen de demagogias, Fabra, como el resto de presidentes autonómicos, tiene sobradas razones para reajustar su TV autonómica, intentando hacerla viable, y si se lo impiden, como es el caso, para cerrarla. Una decisión política valiente y arriesgada ya que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, desencadena una feroz campaña por parte de la oposición (el PP haría lo propio si Susana Díaz cerrara Canal Sur), incluso incurriendo en determinadas incoherencias, pues tampoco está exenta de razones sobre la gran parte de responsabilidad, por acción u omisión, que tiene el Gobierno de turno y el partido que lo sostiene para haber provocado o, al menos, permitido llegar a esta caótica situación que no hay por dónde cogerla.
            Al final, lo lamentable es los casi 1.800 trabajadores que se quedan sin empleo, las verdaderas víctimas de un desastre que no provocaron, y, en sus justos términos, los verdaderos responsables son los distintos gobiernos que se sucedieron en la Comunidad Valenciana y, especialmente, los del PP que lleva décadas haciéndolo sin poner freno a la situación; todos, menos el de Fabra que, curiosamente, aunque le toque ahora bailar con la más fea, es quien ha decidido acabar con una situación insostenible. Pero también son responsables los sindicatos por no entender, como sí lo han hecho en otros sectores, que la viabilidad pasaba por un reajuste drástico del gasto (más bien despilfarro) que, lamentablemente, pasaba por un ERE, y, ¡cómo no!, los jueces que, con las razones jurídicas que no pongo en duda, no han querido o no han podido dar una alternativa salvo el mantenimiento de lo insostenible. Un aviso a navegantes ya que en otras CCAA, por ejemplo, en Madrid, la situación es parecida.
            Lo incomprensible es que la oposición que, con razón absoluta, ha venido cuestionando Canal Nou por su manifiesta parcialidad al servicio de los gobiernos populares, en asuntos tan turbios como los distintos casos de corrupción, se rasguen ahora las vestiduras por la desaparición de este instrumento propagandístico en manos de Fabra. Tan incomprensible como que éste renuncie al mismo. Ya no sabemos si cuando el PSPV anuncia que volverá a crear RTVV si ellos gobiernan, lo hace por motivos electoralistas o para tener en sus manos tan eficaz instrumento, que, según el PP, en Andalucía tan buenos resultados da a los gobiernos socialistas. Pienso que, salvo en el drama de los trabajadores, toda la oposición debería estar contenta por la renuncia que Fabra hace de Canal Nou de cara al futuro y que quien debería estar molesto es el PP que, por primera vez, no podrá contar con tan importante soporte propagandístico. ¿No era tan nefasto Canal Nou para la oposición? Yo lo he oído tantas veces que no lo dudo. ¡Mira que si al final Fabra, en un ataque de responsabilidad inusitada, ha hecho lo que tenía que hacer! Si así fuera, que todos los demás sigan su ejemplo.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

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