Se
veía venir. Como en otros tantos casos de corrupción, a medida que avanza la
investigación judicial y el consabido “soy inocente” inicial de los afectados
se desvanece, cada una de las noticias que van apareciendo, cada nuevo dato, va
constatando no sólo la veracidad de los hechos protagonizados por los corruptos
sino incluso sus malas artes a la hora de practicarlos. Tras señalar al
mensajero como “culpable”, la excusa de siempre, por publicar falsedades, se
pasa al “no todos somos corruptos”, el refugio indefinido, para salvarse cada
uno de la quema. Dos falsedades descomunales que demuestran que el culpable,
por acción u omisión, eres tú, especialmente si formas parte de la dirección de
la institución u organización afectada, por no denunciar al mensajero,
supuestamente calumniador, y por no actuar contra aquellos compañeros o colegas
que tú mismo reconoces como corruptos implícitamente en tu máxima “no todos
somos corruptos”. Es el prototipo de actuación en todos y cada uno de los casos
de corrupción que se investigan en España. Y, obviamente, el caso de los EREs
fraudulentos de Andalucía, con sus ramificaciones sindicales incluidas, no
podía ser la excepción que confirma la regla. Es más, hasta su especial
naturaleza fraudulenta le confiere aspectos que la hacen aún más despreciable.
Desde
que todo el mundo comienza a tener claro que el asunto de los EREs no era
cuestión de “cuatro golfos”, como se dijo al principio, ni una especie de caza
de brujas por parte de quién sabe quién, cada noticia publicada, cada
acción-reacción de los afectados, ha ido engordando de forma descomunal e
indecente la inmensa bola de basura que, descendiendo de lo más alto de la
Junta, se precipita por todos los rincones de Andalucía hundiendo a los
andaluces, especialmente a quienes más lo necesitan, no sólo en la miseria sino
en el desamparo más absoluto. No en vano lo defraudado es dinero destinado a
los más desfavorecidos, que no a los ricos, y los supuestos responsables del
fraude e incluso beneficiarios del mismo, son quienes se auto titulan
defensores ideológicos de las clases trabajadoras, un gobierno socialista, y
luchadores por mejorar sus condiciones laborales, unos sindicatos de clase,
especialmente los mayoritarios, UGT y CCOO. Y por si lo anterior fuese poco,
tanto Cándido Méndez como Toxo, sus máximos dirigentes, tirando balones fuera.
Ni
las imputaciones de hechos delictivos a dirigentes sindicalistas, ni la
imposición de fianzas millonarias, ni la detención y encarcelamiento de algunos
de ellos, ni las evidencias manifiestas de haber participado, aprovechado en
beneficio propio, de amigos o familiares,
en el chollo de los EREs fraudulentos que investiga la jueza Alaya, hacen caer
del burro ni a Cándido ni a Toxo. A lo sumo, admiten un cierto “desorden”, una “facturación manifiestamente mejorable”,
presuntos “fallos” y pequeñeces por el
estilo que, eso sí, estarían dispuestos a resarcir y reparar las cantidades
irregularmente utilizadas pues, ¡faltaría más!, su colaboración con la Justicia
está fuera de toda duda. Uno y otro anuncian investigaciones internas para esclarecer
los hechos, que nunca se esclarecen, mientras que lógicamente confían “en los
dirigentes y militantes” de las distintas federaciones. Y como jamás se depuran
internamente las responsabilidades, han de ser los hechos tozudos, que todo el
mundo sabe en el entorno de los afectados, y la investigación judicial quienes
al final echan por tierra esta ceguera congénita de los máximos dirigentes.
Ante
semejante panorama, con un rosario de imputaciones in crescendo sobre
dirigentes sindicales en Andalucía, que al final ha desembocado hasta en la
dimisión en pleno de la Ejecutiva Provincial de UGT-Cádiz ante la detención y posterior puesta en
libertad con cargos de su Secretario General por parte de Alaya, a quien hace
unos días insultaban y vejaban en las puertas del juzgado, tachándola de ser la
“continuidad de los tribunales franquistas”, ni se puede mirar a otro lado, ni
se puede hacer justificación alguna. Menos aún, como hace Cándido, eludir
responsabilidades diciendo que "Quien
debe agilizarse o agilizar los procesos es la Junta de Andalucía, es la que tiene la
responsabilidad en la transferencia de estos programas públicos, que digan qué
ha ocurrido", exculpando así a sus compañeros por el supuesto mal uso del
dinero público. Ni siquiera vale si la intención fuera, como piensan
algunos, dar una especie de aviso a
navegantes, en este caso a la Junta, que, por cierto, sigue manteniendo las
subvenciones íntegras a dichos sindicatos a pesar de todo lo que se va
conociendo sobre su fraudulento uso.
No, Cándido; no, Toxo. Los millones
de parados y los millones de trabajadores que conservan su trabajo, pueden
aceptar que en muchas ocasiones, por razones claramente políticas, agitéis o no
a la ciudadanía, movilizando o no a la gente por razones no estrictamente
laborales. Pero les es totalmente inaceptable que además hagáis o permitáis un
uso indebido del dinero destinado a mejorar su situación y, encima, les toméis
el pelo negando la evidencia o desviándola hacia otra parte. No, Cándido; no,
Toxo. ¡No!. Azí no vamos a ninguna parte.
Fdo. Jorge Cremades
Sena
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