DE JUAN CARLOS I A FELIPE VI

                        Con esta habilidad que tenemos en España para convertir lo normal en anormal y viceversa, la sucesión por parte del Príncipe Felipe tras la abdicación de su padre el rey Juan Carlos I, un hecho normal en cualquier otro Estado constituido como Monarquía Constitucional, trasciende aquí el mero interés mediático, que se le supone a la noticia, para convertirse en un anormal espectáculo político, incomprensible en cualquier otro país democrático y civilizado. En efecto, tratándose de una sucesión normalizada constitucionalmente, que ha de aplicarse con absoluta tranquilidad de acuerdo con las reglas de juego democráticamente establecidas, las anormales peticiones callejeras de oponerse al cumplimiento de lo que establece la Constitución (como sucede en otros tantos asuntos), que algunos presentan como normales, caen, como es lógico, en tales incoherencias y disparates que convierten la legítima aspiración reivindicativa republicana en un espectáculo esperpéntico que perjudica incluso a quienes aspiran legítimamente a que la forma del Estado español sea una República de corte democrático occidental. Cuestión distinta sería cualquier otro modelo autoritario (monárquico o republicano), incluso totalitario, que, ya sea de izquierdas o de derechas, se  consigue, tal como avala la Historia, mediante revoluciones violentas o golpes de Estado, que, al menos para la inmensa mayoría de los españoles, no es de lo que se trata con dichas movilizaciones callejeras.

            Siendo así, no se entiende que haya partidos políticos, incardinados de forma libre y voluntaria en el sistema político constitucional, que se echen al monte reivindicando un cambio de modelo de Estado cuando, teniendo incluso representación parlamentaria en las Cortes Generales, saben muy bien que lo democrático es plantear una reforma de la Constitución para convencer a la ciudadanía de la bonanza de su propuesta y, conseguida la pertinente mayoría, sustituir legalmente la Monarquía Constitucional que, por voluntad popular de los españoles, se contempla en el título preliminar de la Constitución, aprobada por las Cortes y ratificada en referéndum, cuando dice que “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado” y que “La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”. Así lo ha decidido el pueblo español, al igual que los procedimientos para modificarlo, si lo considera oportuno, que desde luego no concuerdan ni con algaradas callejeras, ni con demagógicas mentiras o conatos de violencia verbal o física en las calles. La sucesión de Juan Carlos I supone simplemente cumplir un requisito constitucional, que nada tiene que ver con la apertura de debates (y menos callejeros) sobre el modelo de estado que unos u otros prefieran y, oponerse a ello, es una actitud antidemocrática de primera magnitud, como otras tantas que desgraciadamente se dan en España. Una actitud tan antidemocrática como si en un Estado republicano, a la hora del relevo de su Presidente, por cualquier circunstancia, alguien se negara a llevar a cabo los trámites previstos para una normal sucesión, como, por ejemplo, la convocatoria de elecciones presidenciales, alegando que ese no es su modelo de Estado.

            Dicho lo anterior, es indecente que, al margen de su condición republicana o monárquica, se utilice un trámite sucesorio previsto constitucionalmente, que es de lo que se trata, como arma electoral partidaria, inoportuna y demagógica, que, en el mejor de los casos, obedece a la ignorancia y, en el peor, a la majadería o la ruindad política. Sólo así se puede entender la exigencia callejera de un referéndum (me recuerda a otros que están planteados) no contemplado al respecto en la legalidad vigente (como en los demás estados, ya sean monárquicos o republicanos), cuando los procedimientos legales establecidos son otros y, menos aún, con argumentos, basados en mentiras, tan incoherentes y torticeros que a simple vista caen por su propio peso simplemente observando alrededor.

            Cayo Lara, en la calle, que no en el Parlamento, sostiene que ha llegado el momento de un referéndum para que “el pueblo decida si quiere Monarquía o República” que, según él, es decidir entre “monarquía o democracia” ya que “es inconcebible en el siglo XXI seguir hablando del derecho de sangre” que es “incomprensible” para los ciudadanos. Cayo Lara, como tantos otros, o no sabe, o se olvida de forma torticera para engañar a la gente, que el pueblo español, como hicieron otros pueblos, ya decidió en su momento; que nada tiene que ver el “derecho de sangre” al que se refiere con otro tipo de monarquías no parlamentarias; y que confundir “monarquía o república” con “monarquía o democracia” es sostener que, entre otros, los ingleses, suecos, daneses, holandeses o noruegos viven bajo regímenes no democráticos, mientras que norcoreanos, nigerianos, etíopes, cubanos o venezolanos gozan de las mayores cotas de libertad, progreso e igualdad, garantizados “per se” por tener como modelo de estado la República. ¿Ignorancia supina o majadería política? Júzguenlo ustedes. Entre otros, remata Pablo Iglesias con su escaso 8% de apoyo popular (y sólo para las europeas con todo a favor) diciendo que lo que pretenden quienes tienen más del 80% de apoyos es que el Príncipe herede la Corona “sin contar con la opinión de la gente, tratándonos como si fuéramos súbditos en lugar de ciudadanos”. Se olvida de que el Príncipe simplemente hereda la Corona porque así lo dice la Constitución, refrendada por amplísima mayoría por el soberano pueblo español, que había sido convertido en “súbdito” por quienes se consideraban, como él, poseedores de la verdad absoluta al margen de los pocos apoyos que les dieran las urnas. Afortunadamente los ciudadanos, que no súbditos, se rigen por las mayorías a la hora de tomar las decisiones.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena