MONARQUÍA... O REPÚBLICAS

                        Por 299 votos a favor, 19 en contra y 23 abstenciones el Congreso de los Diputados, es decir, el Sancta Sanctorum de la Democracia, ha aprobado la Ley que regula la abdicación de Juan Carlos I y posibilita, con arreglo a la Constitución, la entronización de su sucesor el Príncipe Felipe, tal como decidió en su día el pueblo español cuando se constituyó en pueblo soberano tras liquidar la dictadura que durante tantos años le tuvo sometido. Por tanto, el 85% de quienes representan la soberanía han dado el visto bueno a la decisión del Rey de abdicar, que es de lo que se trataba, para proseguir el procedimiento democráticamente establecido en el relevo personal del Jefe del Estado. Un trámite, único entre las Monarquías Europeas democráticas, que de forma sui géneris requiere el pronunciamiento expreso de las Cortes, sin que ello suponga menoscabo democrático alguno en las citadas monarquías pues, como en el caso español, obedece a la democrática decisión de sus respectivos pueblos. Por tanto, si los síes avalan lo constitucionalmente establecido, de no haber sido por el espectáculo impresentable que determinados grupos han escenificado en el hemiciclo, ni sabríamos si los noes lo que pretendían era que Juan Carlos no abdicara y siguiera como rey, ni si las abstenciones suponían que les daba igual cuál de los dos fuera el rey. Menos mal que hasta los espectáculos, por bochornosos que sean, a veces sirven para algo.

            En efecto, gracias a ello sabemos que el problema es que muchos de nuestros diputados o no saben de qué va el asunto o, adrede, pretenden prostituir el debate que toca, sustituyéndolo por otro que no toca y nada hay que decidir al respecto en dicha sesión parlamentaria. En cualquiera de los supuestos, ignorancia o mala intención, es vergonzoso y vergonzante que quienes tienen el alto honor de representar la soberanía popular al amparo de la Constitución, despotriquen, y, para colmo, en sede parlamentaria, de la propia legalidad que les legitima y ni siquiera respeten los reglamentos de la Cámara Baja. ¿Qué hacen como diputados si realmente piensan las barbaridades que hacen y dicen? Lo más coherente, en todo caso, sería que engrosaran las filas radicales de los grupos antisistema, sumándose al esperpento y minúsculo movimiento que, durante la sesión, pretendía rodear el Congreso, no sabemos bien si para incitar a la toma del palacio de invierno o para dar la bienvenida al nuevo monarca. En fin, sin comentarios.

            Sin embargo, tan coherentes señorías, bajo el sacrosanto e ilegal paraguas del multiusos “derecho a decidir” a secas, que, en todo caso, no venía a cuento en el debate, y olvidándose de que nuestro estado democrático es una vigente Monarquía Parlamentaria, buena parte de quienes representan ese 15% que se opone a aprobar el trámite parlamentario sucesorio lo prostituye exigiendo un referéndum sobre la forma de estado, monarquía o república, que ni procede en dicho momento, ni se ajusta a los mecanismos establecidos, ni nada que se le parezca. El desmadre, está servido y, adornado de pancartas, banderas republicanas y territoriales, tanto los radicales izquierdistas como los nacionalistas, con todo tipo de excesos verbales intolerables, se quitan la careta sobre sus verdaderas intenciones. De la disyuntiva “monarquía o república” inicial se pasa al de “monarquía o democracia”, que en boca de un parlamentario elegido democráticamente suena peor aún, para que el esperpento final sea un esquizofrénico manifiesto, un ¡Viva Cartagena!, que convierte el debate en “monarquía o repúblicas”, cada uno la suya, con vítores a tres de ellas (catalana, vasca y gallega) en suelo ibérico, que, a tenor de los argumentos y procedimientos esgrimidos, bien podrían ser diecisiete, treinta y cuatro o tropecientas repúblicas hispanas… o monarquías, por qué no. En fin, toda una exhibición irresponsable que debiera servir a la ciudadanía para tomar nota sobre qué sucedería en España si, alguna vez, semejantes personajes consiguieran el poder de la forma que fuera ya que, ante su desacato a las reglas de juego establecidas, cualquier cosa es posible y esperable.

            Si no reconocen el Parlamento como representante de la soberanía nacional, ¿qué hacen en él además de cobrar y gozar de los privilegios que como diputados les corresponde? Monárquico o republicano, de izquierdas o de derechas, nacionalista o no, terrícola o extraterrestre, nadie tiene derecho a mentir descaradamente desde la tribuna de las Cortes, ni a engañar a los ciudadanos, ni a prostituir las instituciones democráticamente establecidas. Felipe VI no hereda la Jefatura del Estado “como si fuera una propiedad privada”, sino porque así lo ha establecido el pueblo español en las urnas. Por tanto es una majadería política hablar de “una maniobra oscura” o “palaciega”, de “visión paternalista de la democracia”, de “sistema despótico de unos pocos”, de miedos a “dar la voz a la ciudadanía”, de transición “tramposa y fraudulenta”, de “torturas”, de que “si no podemos votar, algo huele a podrido en el Reino de España”, de que “los cargos no se heredan; los pueblos no se heredan; no somos muebles”, y de tantos otros despropósitos que nada tienen que ver con la realidad política española, homologable con la del resto de países de la UE. Y más majadería aun cuando lo esgrimen en nombre de la democracia y del pueblo quienes, precisamente por decisión del pueblo en las urnas, representan, entre todos juntos, una minoría sustancial del mismo, que ni siquiera se aclaran entre ellos. Pocos y mal avenidos. ¡Qué harían o dirían si alguna vez obtuvieran la mayoría! Mejor ni pensarlo, es como para echarse a correr.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena